SITRAJUR denuncia grave caso de violencia laboral y persecución gremial

La comisión directiva del SITRAJUR denunció públicamente la “sistemática violencia laboral” a la cual se vio sometida una trabajadora durante la última década de servicios prestados en el Poder Judicial. “Es cruelmente humillada y descartada del Poder Judicial por defender sus derechos”, señalaron, reclamaron acciones para solucionar este tema y criticaron “el falso rol” de las funcionarias judiciales que participan en jornadas nacionales de perspectiva de género.

El gremio de los trabajadores judiciales rionegrinos asegura que todos los hechos sufridos por la empleada Silvia Perfetti son “violatorios de los derechos y garantías constitucionales, la tutela sindical, con daño a la integridad física, psíquica, moral, de manera reiterada y sostenida en el tiempo”.

En su denuncia, el SITRAJUR señala tres momentos que afectaron el desempeño de Perfetti: una “movilidad funcional” en el año 2005, con un nuevo proceso de “movilidad funcional reiterado” en el año 2008, culminando con una inducción al “retiro transitorio por invalidez” en los años 2013, 2014 y 2015.

“Como inicio de este lamentable derrotero, en el año 2005, Perfetti es desplazada del cargo de jefa de personal de manera forzosa en dos oportunidades, cargo al que accedió por concurso y ganó legítimamente, en el cual desempeñaba sus funciones, destruyendo no solo su carrera judicial sino su salud, con el deterioro psicofísico que esta situación trajo aparejado y que consta en su legajo personal por los distintos profesionales médicos y psiquiatras tratantes”, denunció el gremio.

“Está acabadamente demostrado el desamparo y la violencia hacia la trabajadora, las situaciones de humillación ejercidas en base al traslado compulsivo y la inactividad en las funciones y la falta de reparación por la pérdida inculpable del cargo, han hecho que el daño moral continúe socavando al día de hoy con un costo cada vez mayor”, sostuvieron.

Aseguraron que “una vez iniciado este proceso, en el marco de una supuesta ‘reorganización institucional’, la trabajadora fue víctima de violencia laboral expresada en sus distintas manifestaciones: violencia administrativa, vacío laboral y detrimento de tareas y funciones en favor de otros, maltrato, aislamiento, discriminación, ninguneo, persecución por denunciar, acoso moral y menoscabo de su dignidad”.

“Es de esa manera, a pesar de obtener el alta médica por haber superado su patología y presentarse a trabajar como corresponde, que el Poder Judicial le niega el derecho a trabajar, desencadenando una nueva situación extrema, que fuerza a la trabajadora a tomar una decisión entre su integridad psicofísica y su trabajo”, cuestionaron.

“Siendo consecuente con su verdadera posición ideológica respecto de los trabajadores, el STJ prepara su salida, invitando forzosamente a un ‘retiro por invalidez’ anticipado en un trámite alineado con la Junta Médica Provincial, Anses y la Comisión Médica 18, configurando a todas luces la aplicación de una clara política de exclusión por parte del Estado, que sumado a una década de hostigamiento persistente, deliberado y sistemático, lo que sólo puede ser definido como mobbing”, señalan luego.

Desde el gremio, ratifican que “denunciamos el sistemático ‘modus operandi’, dado que es bajo la misma metodología, que hoy se está amedrentando a la compañera Carolina Alvarez,s scretaria de Hacienda de nuestro sindicato, quien cuenta con la correspondiente alta médica, y no le permiten volver a trabajar como consecuencia de una clara persecución gremial en idénticos términos y con las mismas características antes descriptas”.

“Paradójicamente fue en el marco de la reforma judicial y la reorganización institucional, que los trabajadores pasamos de ser personas con dignidad y derechos, a ser ‘recursos’ que una vez agotados somos descartados como simples objetos, constituyéndose esta realidad en el resabio más nefasto de las políticas neoliberales instaladas en este poder del Estado”, cuestionaron.

En definitiva, para SITRAJUR “queda al descubierto todo intento de la corporación judicial por querer lavarle la cara al único poder del Estado no democratizado, se desmoronan estructuras pseudo-progresistas y el falso rol que juegan las funcionarias judiciales de primera línea en jornadas nacionales de perspectiva de género. Dichas autoridades, tienen la obligación de cumplir con la Constitución Nacional, las leyes provinciales, garantizando la tutela sindical de Perfetti como representante de los trabajadores, pero por sobre todas las cosas tienen la obligación moral de solucionar la situación extrema de esta compañera, que desde hace 35 años trabaja en el Poder Judicial, logrando el máximo cargo de la carrera judicial de manera legítima y por concurso, que ha sido víctima de maltrato y de violencia de todas las clases, que ha trabajado toda su vida y lo único que pretendía es reincorporarse a su puesto laboral; y sin embargo es cruelmente humillada y descartada del Poder Judicial por defender sus derechos pero por sobre todas las cosas por defender su dignidad como trabajadora”.

“Los trabajadores expresamos nuestro más profundo repudio a este accionar artero por parte de la administración de justicia, reivindicando la fortaleza de la compañera Silvia Perfetti para sostener con hidalguía semejantes embates de la patronal. De la misma manera, exigimos acciones concretas por parte de las autoridades judiciales sobre esta problemática que afecta a gran cantidad de trabajadores, quienes, como consecuencia, se encuentran en uso de licencias psicológicas y psiquiatricas, para generar de manera definitiva un punto de inflexión y desterrar la violencia laboral instalada en todos los organismos de los cuales son responsables por acción u omisión”, señalan.

Finalmente, el gremio exhorta a los representantes del pueblo a “no solo evaluar las conductas de las autoridades de este poder del Estado, sino a su vez, a sancionar una ley que tipifique la violencia laboral, que prohíba y castigue el accionar de las autoridades que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función incurran en conductas que atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora, manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social”.

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