Por tercer año, Rodolfo Aguiar informó todo sobre sus bienes e ingresos

Por tercer año consecutivo, el secretario general de ATE y la CTA Autónoma en la provincia, Rodolfo Aguiar, presentó su declaración jurada de bienes e ingresos y la de su grupo familiar. Anunció la presentación de un proyecto de ley para que esta práctica sea obligatoria para el resto de los máximos dirigentes sindicales.

“En la Argentina actual a quienes tenemos la responsabilidad de administrar intereses colectivos, no nos alcanza con decir que somos honestos. Lo tenemos que demostrar todos los días”, planteó Aguiar y recordó que “todavía existe un fuerte desprestigio sobre los sindicatos y nos corresponde a nosotros dar el primer paso para recuperar la confianza de la sociedad. A esta altura la actividad sindical debe dejar de ser una isla exenta de controles y el pueblo debe saber cuánto ganan y cómo viven los sindicalistas”.

“Tenemos un Gobierno Nacional cuya estrategia es la de estigmatizar a las entidades gremiales y le viene saliendo bien. La imagen negativa de los sindicatos empeoró aún más que la de otros estamentos como la Justicia o la Iglesia”, destacó el principal dirigente rionegrino y enfatizó: “Estamos de paso por las organizaciones. No podemos solo administrar una institucionalidad formal y tenemos la obligación de producir todas aquellas transformaciones profundas que los tiempos históricos nos demandan”.

EL PROYECTO DE LEY 

LA DECLARACIÓN JURADA DE AGUIAR

UNA LEY NECESARIA

Hace años ATE Río Negro viene dando el ejemplo al presentar la Declaración Jurada de su principal referente. En esta oportunidad, dando un paso más, el principal referente de los estatales rionegrinos propone una modificación en la Ley Provincial 3.550, de Ética de la Función Pública, para que esta presentación sea obligatoria.

La norma original data del año 2001, en un momento de profunda crisis institucional en el país. La Legislatura Provincial, de la mano del legislador Eduardo “Bachi” Chironi (quien supo ser afiliado y dirigente de ATE Río Negro) sancionó una norma ejemplar para resguardar el correcto uso de los cargos y la función pública.

Con dicha norma se busca poner coto a los privilegios del interés personal por sobre el interés público e impedir los actos de corrupción, ventajas y venta de influencias en la toma de decisiones.

Entre otros puntos, la ley plantea la obligatoriedad de realización de determinados actos y presentaciones para todos los ciudadanos que desempeñan cargos en el Estado Provincial y plantea la posibilidad de someterse voluntariamente a los  miembros de los cuerpos colegiados de conducción y control de asociaciones gremiales de trabajadores, de empresarios, de profesionales, comunitarias, sociales y toda entidad cuyo objeto sea administrar derechos e intereses colectivos o grupos organizados de personas.

ATE plantea la necesidad de modificar el artículo 3 de la norma, para adoptar la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada por parte de los dirigentes sindicales que encabecen las organizaciones sindicales (Secretarios Generales o Presidentes).

Para ATE “no es un dato menor que en más de 15 años de vigencia de la norma, solo haya sido la mencionada entidad sindical, con su secretario general, Rodolfo Aguiar, quien haya expuesto con claridad y transparencia sus bienes y los de su grupo familiar”.

“En contraposición con el sindicato de los estatales rionegrinos, la actualidad muestra, cada vez con más notoriedad y menos vergüenza, a representantes sindicales alejados de sus bases, ostentando riquezas imposibles de conseguir con sus salarios, mientras que sus representados se encuentran sumidos en la pobreza y en la precariedad”, dijeron.

Para el sindicato de los estatales “es menester del Estado resguardar la integridad de las instituciones y está claro que garantizando transparencia sobre los bienes e ingresos de los principales dirigentes de la entidad es crucial para lograr esto. Es que si se quiere avanzar en una sociedad más justa y solidaria, la corrupción, en cualquier ámbito y organización, es una cuestión de Estado”.