Piden que se investiguen las intervenciones de PAMI en Río Negro y Neuquén

ATE pidió que sean investigadas las intervenciones que durante los dos últimos años condujeron al PAMI en las provincias de Río Negro y Neuquén. Es ante las “numerosas irregularidades y hechos de corrupción” cometidos por la anterior gestión.

El gremio señaló que las referidas autoridades “respondían directamente al máximo responsable a nivel nacional Luciano Di Cesare y defendían incondicionalmente sus decisiones, llegando a achicar las prestaciones a más de 200.000 jubilados de ambas provincias, sin otro justificativo que el de destinar los recursos ahorrados a la campaña política nacional y al pago, como empieza a salir a la luz, de prestaciones médicas inexistentes”.

Para el sindicato “la disolución de las unidades de gestión que funcionaban en ambas provincias y la fusión de los distritos, se llevó adelante para poder garantizar la corrupción. Esto implicó, con el aval de los nuevos funcionarios nombrados en el orden local, el desplazamiento de trabajadores de carrera y así evitar controles y supervisiones de empleados con experiencia y capacitados técnicamente. El objetivo de terminar con las autonomías provinciales fue el de centralizar el sistema de compras y contrataciones, evitando de esta manera cualquier auditoría sobre la transparencia de las mismas”.

Entre las prestaciones que, por orden de Di Cesare recortaron en la región, se encuentran especialidades médicas como fisiatría, kinesiología, gastroenterología, psicología, psiquiatría y varias más. Además, se redujo la cantidad de análisis clínicos de laboratorios autorizados y otras prácticas.

“En la actualidad son más de 5.000 los reintegros que el PAMI debe a los jubilados por prestaciones que éstos abonaron de su bolsillo. El gremio pudo comprobar que existen numerosos casos de jubilados que murieron mientras esperaban que la obra social les abone los reintegros y existen dudas acerca del destino que tuvieron esos recursos”, denunció el gremio.

La entidad gremial concluye que “los hechos de corrupción que comienzan a conocerse a nivel nacional, necesariamente contaron con la complicidad y colaboración de los funcionarios que tienen responsabilidades en las provincias de Río Negro y Neuquén. Finalmente, se demanda el inmediato reconocimiento de las autonomías de ambas provincias y que vuelvan a ser reconocidas como unidades de gestiones independientes”.

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