Allen: denuncian intimidación policial a empleadas municipales

Dirigentes de ATE denunciaron que la Policía de Río Negro, “mediante un operativo ilegal”, habría intimidado y amenazado a todas las trabajadoras municipales de Allen que protestan por los abusos sexuales, que habría cometido un funcionario público, al que consideran que encubren otras autoridades de la localidad.

Para la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) el accionar de la Policía es temerario y busca brindar protección al funcionario que utilizó su cargo para violar a empleadas de la comuna, en vez de custodiar los derechos de los trabajadores y vecinos de la ciudad.

Es que un gran número de policías, encabezados por el Comisario local y actuando al margen de las leyes, llegó hasta el Corralón Municipal ubicado en el acceso Martín Fierro, donde funciona el Área de Servicios Públicos, y amenazó a todos con utilizar la fuerza, reprimiendo a quienes continúen con la protesta.

Frente a este actuar desafortunado de la Policía provincial y la Justicia, la entidad sindical resolvió ratificar el paro por tiempo indeterminado en todas las dependencias de la Municipalidad y mantener la ocupación pacífica de la comuna, hasta que la Intendente Sabina Costa cese en su postura de mantener en sus cargos a los funcionarios que encubrieron los graves delitos y que, conociendo su existencia, no presentaron ninguna denuncia en sede policial o judicial.

“La actuación de la policía provincial en Allen es, en este momento, completamente ilegal y pareciera orientada a seguir protegiendo al funcionario público violador y muy allegado a la Intendente Sabina Costa. Hemos ratificado el paro por tiempo indeterminado y la permanencia pacífica”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y agregó: “Genera gran preocupación que la policía, en vez de estar al servicio del pueblo y proteger a los vecinos, sea utilizada por el Gobierno para defender a los funcionarios delincuentes. Estamos en el reino del revés”.

Por último, desde la entidad sindical se hace responsable a las autoridades del Poder Ejecutivo Local por la no prestación de los servicios públicos de carácter esencial: recolección de residuos, barrido de calles y mantenimientos varios; así como también por las complicaciones que se pudieran ocasionar en las tramitaciones administrativas que dependen de la comuna.

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